Faconauto rechaza el modelo automovilístico excluyente propuesto en Baleares

La patronal de los concesionarios no comulga con la idea de prohibir la venta de coches diésel y gasolina en los próximos años.


Baleares quiere vetar la venta de coches diésel a partir de 2025 y de gasolina en 2035. La noticia ha generado revuelo en el sector y Faconauto, por motivos obvios, ha querido expresar su opinión.

La patronal de los concesionarios rechaza la medida y considera que la solución a los combustibles fósiles reside en retirar los vehículos de más de diez años.

Y es que la edad media del parque balear se situó el año pasado en 12,7 años. Son cifras superiores a la media nacional (12,1 años), ya excesivamente alta.

veto de las Baleares a los coches diésel y gasolina

Los coches diésel y gasolina, muy vigentes

Faconauto coincide en que la movilidad basada en vehículos de bajas emisiones es el futuro. Pero aún se debe convivir con las tecnologías de combustión. En esencia, los nuevos coches diésel y gasolina siguen siendo una opción válida en múltiples situaciones por su consumo eficiente.

Se considera, por lo tanto, que la propuesta que recoge el borrador del ejecutivo balear no responde a las necesidades de los conductores ni a la realidad de mercado.

En palabras de Gerardo Pérez, presidente de Faconauto:

Algunas veces los políticos piensan que los usuarios conducen un coche con 15 años por gusto, y es porque no tienen la posibilidad de cambiarlo; si esta medida fuera efectiva, el presupuesto asignado en los próximos años para poder aplicar la nueva ley tendría ser infinitamente más ambicioso

Invasión de competencias

Además y desde el punto de vista legal, el borrador de Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno balear invadiría competencias estatales y de la UE.

La normativa de homologación de vehículos de la UE a través de la marca CE. La marca CE es como un “pasaporte” para el comercio de un producto dentro de los países de la Unión Europea. Una vez homologado el producto, los Estados miembros no pueden prohibir, restringir o impedir su colocación en el mercado.

 

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